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TRIBUNALES

El fiscal mantiene los 4 años de prisión para Terciado

La Fiscalía considera probado el desvío de fondos de Cepyme para el lucro del ex presidente / Le acusa de falsedad y administracion desleal

PACHO RODRÍGUEZ / MADRID
19/06/2017

 

Con el anuncio por parte del juez de la aplicación de los nuevos tipos penales y la modificación de consideración de apropiación indebida por la de administración desleal con delito de falsedad, por parte de la fiscalía, el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid contra los dos ex presidentes de Cepyme, Jesús Terciado y Jesús Bárcenas, quedó ayer visto para sentencia.

La petición del Ministerio Fiscal y la acusación particular para el también ex presidente de Cecale se mantuvo en cuatro años de prisión para cada uno de ellos, y al igual, para tres de sus colaboradores. La defensa reclamó la total absolución de los implicados en lo que respecta a la acusación de haber desviado fondos por una cuantía de 1,2 millones de euros. Mientras que los acusados han reiterado que la percepción de estas cantidades quedó debidamente contabilizada, publicada y tributada como sueldos u operaciones autorizadas, hasta con el conocimiento de la CEOE, por parte de los órganos directivos de la confederación de pequeños y medianos empresarios.

El representante fiscal fue duro en sus consideraciones finales respecto a las justificaciones expuestas esta semana de juicio para justificar las acciones llevadas a cabo por los altos representantes de los empresarios Bárcenas y Terciado. Y que llevaron a reiterar su petición de cuatro años de cárcel. Calificó de «dislates» algunas de las cuestiones que había oído. Incluso contradicciones entre lo manifestado tanto por Cepyme como la CEOE, según aseguró. «He oído el axioma de que no está permitido pero no está prohibido». «He oído cosas como que alquilar a doble precio es un acto lícito de buen gestor empresarial», enumeró al hilo del alquiler del vehículo oficial a una sociedad de Jesús Bárcenas. Incluso fue irónico al tener la sensación de que lo que le transmitían eran las decisiones de «una reunión de amigos», y no de una asociación que representa a empresarios y a la que calificó de «pilar del Estado», como términos avalados por la Constitución para el desarrollo de la economía del país.

En lo referente a Jesús Terciado también reprochó, además de calificar todo el entramado como «corrupción empresarial», las facturaciones, que calificó de «falsas», llevadas a cabo a sociedades a razón de 314.167 y 416.320 euros.

Gran parte de las diferencias de interpretación entre la acusación y el fiscal, por un lado, y las defensas por el otro, se centró en la consideración de la naturaleza jurídica de la Cepyme. De carácter pública para los primeros y privada para los segundos. De igual forma, las contradicciones se mantuvieron entre lo que sería esa falsedad y administración desleal para los mismos, y lo que gozó tanto de consentimiento por parte de instancias superiores como, por contra, llevadas a cabo sin contabilidad y de manera oculta para beneficiarse de la entidad.

El fiscal prosiguió diciendo que tras estas irregularidades, «Terciado, aunque se diga que esto de cobrar es de toda la vida, no tiene la conciencia tranquila y emite facturas falsas de unas empresas de topografía», dijo, vinculadas al propio Terciado. A partir de ahí, según su relato, se iría procediendo a un intento de regularización de la situación, pero a posteriori después de que surgieran las primeras denuncias de los socios. Es el apartado que el fiscal desmontó afirmando que «contabilidad, alta dirección, alquiler de coche... Es una corrupción empresarial de unos señores que quieren lucrarse», denunció.

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