Decano de la prensa soriana | Friday 18.05.2012
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ECONOMÍA
El ICO salva los muebles municipales
| R. SASTRE / Valladolid |Asfixiados por las deudas, sin liquidez para pagar gastos corrientes tan esenciales como la nómina de sus empleados públicos o la factura de la luz, y con las puertas de los bancos ‘cerradas’ por Real Decreto Ley, ochenta municipios de la Comunidad se han visto obligados a recurrir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ‘salvar los muebles’ y afrontar los pagos más urgentes.
La línea de crédito específica para entidades locales que la Agencia Financiera del Estado mantuvo abierta entre julio y noviembre inyectó 26 millones de euros en las maltrechas arcas de 80 ayuntamientos de Castilla y León, según los datos aportados por el ICO, que denegó el listado, con nombres y apellidos.
Esta línea podría ser similar a la que el martes anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para facilitar liquidez a las comunidades autónomas. Éstas se beneficiarán de créditos a bajo interés para saldar sus deudas comerciales, especialmente, las vinculadas a Sanidad.
La región es la quinta con más administraciones locales auxiliadas por la entidad pública –1.029 en total–, por detrás de Andalucía (204), Valencia (158), Cataluña (149) y Castilla-La Mancha (142).
Sin embargo, es la novena por el circulante consumido, que en total asciende a 967,6 millones. De hecho, el importe medio de cada una de las 10.500 facturas saldadas en la región –principalmente con pymes y autónomos que ejecutaron obras o prestaron servicios y suministros municipales– ronda los 2.500 euros, casi la mitad que la media nacional, que se sitúa en los 4.340 euros.
Seis de cada diez euros prestados por el ICO los han consumido seis capitales de provincia. La prohibición de incurrir en más endeudamiento, decretada el pasado ejercicio por el Gobierno de Zapatero para los ayuntamientos cuya deuda viva superase el 75% de sus ingresos corrientes, fue de facto un veto para las nueve capitales de la Comunidad. De hecho, con la norma en la mano, la Consejería de Hacienda no autorizó en 2011 ni una sola operación de endeudamiento, un hecho inédito desde que en 2007 asumiera las competencias en tutela financiera.
La Junta denegó el permiso a veinte entidades y mantiene bajo vigilancia a cinco capitales: Valladolid, Burgos, Ávila, Palencia y Salamanca, que se encuentran inmersas en planes de saneamiento.
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